El Defensor del Pueblo pide que se mantengan las condiciones a 2.000 jóvenes adjudicatarios del PAU-4 de Móstoles

Los 2.000 jóvenes adjudicatarios del PAU-4 de, al enterarse en septiembre pasado de que la promotora aumentaba en 60.000 euros el precio de la opción de compra y en 170 el alquiler, con respecto a las cantidades anunciadas cuando se les adjudicaron las viviendas por sorteo, decidieron acudir al Defensor del Pueblo.

Éste, tras aceptar la tramitación de la queja y anunciar una investigación el pasado mes de febrero, ha emitido ahora un informe, en el que insta a las administraciones local y autonómica a que velen por los derechos de los adjudicatarios del PAU-4.

En dicho informe, el comisionado parlamentario, Enrique Múgica, pide que se mantengan "las condiciones de aplicación (fijadas) por la normativa reguladora de las viviendas con protección pública, de modo que queden totalmente garantizados los derechos de los beneficiarios de las viviendas". Rechaza, otras modificaciones que la promotora fija en los contratos presentados a la Comunidad, y que no constaban en las condiciones iniciales de adjudicación, como la adquisición obligatoria de la segunda plaza de garaje o la exigencia de un aval de 3.000 euros. Y solicita, que se deniegue la calificación definitiva por entender que si se estima, podrían afectarse derechos e intereses del Consorcio.

El Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con los responsables del Ayuntamiento de Móstoles y del Gobierno de la Comunidad de Madrid competentes y ha decidido personarse ante la Dirección General de Vivienda de la Comunidad, a la que corresponde decidir si acepta la calificación de los contratos propuesta por la promotora con los cambios de precios.